El reciente escándalo de corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (SENASA) es mucho más que un titular: representa una herida profunda a la confianza ciudadana y una traición directa al derecho a la salud de millones de dominicanos. Los recursos públicos, destinados a medicamentos, tratamientos, prevención y atención digna, fueron desviados a través de supuestas malversaciones y contrataciones irregulares, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables que dependen de este sistema.
No se trata solo de identificar responsables individuales, sino de enfrentar las fallas sistémicas que permitieron que estos actos prosperaran. La corrupción se incubó en la opacidad, la debilidad de controles internos y la falta de vigilancia efectiva. Urge revisar a fondo los procesos de compras, contrataciones y supervisión para garantizar transparencia total y mecanismos de control que eviten que la salud pública se convierta en negocio.
La sociedad dominicana exige al Ministerio Público y a las instituciones competentes no solo sanciones ejemplares, sino la recuperación de los fondos desviados y una acción contundente que envíe un mensaje claro: robar la salud del pueblo no será rentable ni tolerado. La salud pública es un derecho fundamental que debe protegerse con integridad, transparencia y justicia para todos.